El Real Decreto 1892/2008 obligaba a las comunidades autónomas, concretamente a las administraciones educativas, a formar una comisión organizadora de las pruebas en la que recaería la responsabilidad de las mismas. En dicha comisión debían estar representadas las universidades públicas de la comunidad, la administración educativa y el profesorado de secundaria. Además de la organización de las pruebas era obligación de la comisión la coordinación de las universidades y centros que imparten bachillerato (art 16, 3 a).
